El presidente del Gobierno capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, que ha conseguido mantener privilegios de la época franquista, únicos en Europa. Desde 1981, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros (3.327.720.000 pts.), según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros.